Buenos días (otra vez)
Supongo que a estas alturas ya sabréis de mi oposición a la Ley de Memoria Histórica. No sólo me opongo, como ciudadano, a que digan lo que tengo que recordar, sino que como historiador me parece una aberración intentar borrar de un decretazo varias décadas de nuestra historia, simplemente porque no gusta lo que ocurrió en ellas.
Para más escarnio, pululan por la red y por diversas agrupaciones "antifascistas" listas con monumentos y nombres de calles a suprimir. Os pongo un enlace a una de ellas en la que figuran "monumentos fascistas" de Asturias, que es lo que me queda más a mano. En ella figuran Obras como La Universidad Laboral, que quedaría seriamente mutilada en su unidad si se suprimen la simbología franquista (si obviamos el echo de que el edificio es un símbolo en sí mismo), de la que unos amigos Búlgaros a los que acompañé a visitarla, dijeron que al menos aquí se gastó el dinero en equipamientos, ya que en su país los "antifascistas" comunistas no se sabe donde lo gastaron. Figuran también placas conmemorativas de mártires de La Iglesia (esperan que acaso olviden a sus muertos) que están en edificios propios de La Iglesia. En esta lista hay dos nombres de calles de las que piden su retirada que me han llamado la atención por el profundísimo desconocimiento, no solo histórico sino geográfico, de los autores de la lista. Son los casos del Cabo Noval (héroe de la guerra de Marruecos en 1909) y Cabo Peñas (que evidentemente de militar tiene poco, a menos que el farero sea fascista).
También es significativo el ensañamiento con la tumba de un soldado alemán en Llanes (que a saber si era soldado, visto lo visto igual era un peregrino alemán camino a Santiago en el siglo XV) que digo yo que bastante tendrá con morirse.
Como todo lo relacionado con La Memoria Histórica sea así, mal nos vemos. Ya veo a los "antifascistas" retirando las águilas en los escudos de los Reyes Católicos.
Esperemos que al final, todo sea como el resto de estas leyes, para poder colocar a familiares y camaradas de partido a cobrar del erario público en las diferentes comisiones que se están ya creando.
